Del USB-C a la impresora: el efecto Bruselas.

Hace tres años, el iPhone nuevo salió con otro cable. En Europa, porque la ley lo obligó; en el resto del mundo, porque a Apple no le convino fabricar dos iPhone distintos.

Esa historia importa porque Europa ya legisló sobre una pregunta que casi nadie hace al firmar una cotización: ¿y hasta cuándo le siguen dando actualizaciones de seguridad a este equipo? En Europa, esa respuesta irá por escrito desde diciembre de 2027.

Por qué una ley europea podría llegar hasta aquí. En 2022, la Unión Europea obligó a que los teléfonos y otros equipos comercializados en su territorio se cargaran por el mismo conector, el USB tipo C, a partir del 28 de diciembre de 2024 (Directiva 2022/2380). Apple se opuso. Su jefe de mercadotecnia dijo que «obviamente» tendrían que cumplir, aunque habrían preferido «que un gobierno no fuera tan prescriptivo» (CNBC, 2022). Al año siguiente, el iPhone 15 salió con USB-C en más de cuarenta países y regiones, no solo en Europa (Apple, 2023).

Eso tiene nombre. La profesora Anu Bradford, de la Universidad de Columbia, lo llamó «efecto Bruselas»: quien quiere vender en Europa tiene que seguir sus normas. Nadie obliga a una empresa a aplicar esa ley en el resto del mundo, advierte el economista Renaud Foucart; pero una vez que el producto cumple, muchas veces prefiere no fabricar una versión distinta.

El Reglamento de Ciberresiliencia de la Unión Europea (2024/2847) obliga a quien fabrica un producto conectado a hacerse cargo de sus vulnerabilidades durante el período de soporte, no solo el día que lo vende. No menciona impresoras ni una vez. Entra por la definición: aplica a los productos con elementos digitales cuyo uso previsible incluya conectarse a otro equipo o a una red (art. 2.1).

La duda la despeja la propia Comisión Europea: en su guía oficial del 27 de julio de 2026, el Ejemplo 8 es, literalmente, una impresora de red. Y agrega que la máquina y sus drivers, aunque se entreguen por caminos distintos, «juntos constituyen un solo producto».

La primera novedad es la fecha. Desde el 11 de diciembre de 2027, los fabricantes de impresoras deberán informar, con al menos mes y año y «en el momento de la compra», cuándo termina el período de soporte (art. 13.19).

La segunda es cuánto dura. La ley pone un piso de cinco años (art. 13.8), y ahí conviene no equivocarse: la guía de la Comisión advierte que cinco años «no deben considerarse el valor por defecto», y que un producto que se usa más tiempo debe tener un soporte más largo. Quien oiga «cinco» y lo lea como «lo normal», va a negociar mal.

La tercera ya se puede ver. Ricoh publicó en su sitio global una tabla con el período de soporte de seguridad de cada multifuncional e impresora que hoy vende, «en respuesta a estos desarrollos regulatorios globales». Las fechas van de octubre de 2028 a marzo de 2036: más de siete años de diferencia entre dos máquinas del mismo catálogo. La propia Ricoh aclara que son planes actuales, que su estrategia completa de cumplimiento «está en revisión», y la página no dice a qué mercados aplican.

El reloj que ya corre. Casi toda la ley aplica desde el 11 de diciembre de 2027, pero una parte arrancó el 11 de septiembre de este año: el fabricante que se entera de una vulnerabilidad ya aprovechada por un atacante tiene 24 horas para dar la alerta (art. 14), por una ventanilla única que la agencia europea de ciberseguridad abrió ese mismo día. Ese deber alcanza también a los equipos introducidos en el mercado antes del 11 de diciembre de 2027 (art. 69.3). En el sector ya hay movimiento: Y Soft abrió un canal de reporte y dice haberlo diseñado para cumplir con esa obligación.

La lectura de IMAGIZY. La ley aplica a los productos que se comercializan en Europa, y puede suceder algo parecido a lo que pasó con el cable cargador de los celulares: si a un fabricante no le conviene mantener dos versiones de su firmware, tampoco dos calendarios de soporte. Una señal va en esa dirección: Ricoh ya publicó sus fechas en su sitio global, no en uno europeo. Creemos que la fecha llegará a la región por la vía del producto antes que por la de una ley local. Mientras tanto, lo razonable es usar la información que ya es pública.